Ingeniería, Instalación y Desarrollo Solar

El Gobierno dice que su plan bajará un 12% la factura de la luz (antes de impuestos) en 2030

27-Feb 2019
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos importantes documentos de política energética.
El primero es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que informa a Bruselas de la senda para los objetivos de reducción de emisiones en la próxima década. El segundo es el anteproyecto de ley de Cambio Climático. Son la base de la revolución energética que el Ejecutivo querría aplicar en diez años.
España con un ligero retraso cumple con el borrador con los objetivos para 2030", ha afirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que "se conseguirá mejor calidad vida". Y que los objetivos son reducir las emisiones contaminantes y lograr mejor eficiencia energética.

El plan trazado por el Gobierno detalla la estrategia para abordar una auténtica revolución energética, que en apenas diez años movilizará inversiones por 236.124 millones de euros y agregará un 1,8% de PIB al país. Solo en el sistema eléctrico, la potencia instalada pasará de 105.621 megavatios (MW) a 156.965 MW.

Pese a las dimensiones del esfuerzo, el Ejecutivo asegura que no subirá la factura de la luz. Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, la factura eléctrica antes de impuestos será en 2030 un 12% más baja que ahora. Eso sí, antes de impuestos.

El vuelco en el mix eléctrico será total. La nuclear pasará de aportar 7.399 MW en 2020 a 3.181 MW en 2030, menos de la mitad. El desenganche de los nucleares se producirá de forma progresiva a partir de 2025 y continuará en la década de 2030, hasta 2035.

El cierre se irá produciendo conforme a la antigüedad de las centrales, de modo que los 3.181 MW de 2030 corresponderán previsiblemente a Ascó II (de 1985 y con 1.027 MW), a Vandellós II (de 1987 y con 1.087 MW) y a Trillo (de 1988 y con 1.066 MW).

El Gobierno ha diseñado un escenario de cierre de las nucleares que ha contado con el visto bueno de las eléctricas, gracias entre otras cosas a la división de criterios entre las compañías y a su necesidad de disponer de un marco que acerque todas las posiciones.

El parque de centrales de carbón quedará cerrado por completo o, a lo sumo, mantendrá un máximo de 1.300 MW, frente a 10.524 en la actualidad. Para 2020, estarán cerradas nueve de las 14 existentes en la actualidad, y las cinco restantes irán desconectando de forma natural. Entre ellas se encuentran las de As Pontes, Litoral y Los Barrios.

El respaldo frente a la intermitencia de la eólica y solar procederá también de 16.246 MW hidráulicos, frente a los 15.746 en la actualidad, y de 27.146 MW de ciclos combinados de gas, casi los mismos que ahora.

La gran explosión de megavatios se va a producir en las renovables. La eólica pasará de 27.968 MW en 2020 a 50.258 en 2030; la fotovoltaica, de 8.409 a 36.889; la termosolar, de 2.303 a 7.303, y la biomasa, de 877 a 1.677. El Gobierno recupera la confianza en la termosolar por su contribución a la gestión del sistema y considera que las propias dinámicas del mercado permitirán que toda esta potencia se incorpore sin apenas necesidad de incentivos.

El gran reto consiste en reducir en 2030 un 21% las emisiones de efecto invernadero con respecto a los niveles actuales. De 340 millones de toneladas de CO2 en 2017 se pasará a 226 millones en 2030. Para ello, será necesario también un gran esfuerzo en eficiencia, movilidad del parque automovilístico y reducción de emisiones en la industria.

De los más de 200.000 millones de esfuerzo, cerca del 40% se destinará a las renovables, el 15% a redes eléctricas y el 40% a eficiencia energética. ¿Y cómo se va a pagar la fiesta? De las inversiones, el 20% corresponderá a fondos públicos y el resto a empresas privadas. El coste de las renovables ha caído y ahora sí le salen las cuentas a las empresas, añaden las fuentes.

Regulación para Islas Baleares

Además, Celaá también ha anunciado que en la reunión de hoy se ha aprobado una regulación del régimen especial para Islas Baleares, "para compensar insularidad de esta comunidad" y que "reciba inversiones estatales para que se sitúe en la media". Su financiación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado. Celaá ha hablado de medidas para el transporte marítimo y aéreo: con un régimen de bonificaciones del 75% en el transporte de personas y del 65% sobre el coste medio del flete para exportación de productos. También se ha referido a incentivos fiscales para empresas que operan allí: entre ellas una bonificación del 10% en el impuesto sobre sociedades y el IRPF por la venta de bienes producidos en Islas Baleares.
 

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